El gobierno Venezuela informó que desconoce la resolución adoptada esta semana por la OEA, la cual califica a las decisiones del Tribunal Supremo como incompatibles con la práctica democrática, por considerar que fue adoptada a través de un “fraude jurídico y procesal”.
En una visita sorpresiva a la sede del organismo en Washington, la canciller Delcy Rodríguez cuestionó que el Consejo Permanente se convocara sin la aprobación de Caracas, que se instalara el lunes pese a la ausencia de su presidente y que adoptara una resolución sin contar con el apoyo de una mayoría simple —mitad más uno de los 34 miembros— de 18 países.
Rodríguez alega que cuatro de los 21 países presentes en sala se adoptó la resolución se abstuvieron, por lo que el documento solo tuvo apoyo de 17. “Expondremos en otras instancias internacionales lo ocurrido aquí”, dijo la venezolana a periodistas sin aportar detalles. “Vamos a denunciar lo que aquí ocurrió. Todos los funcionarios en ejercicio tienen responsabilidad si han cometido crímenes.”
Sin embargo, al conversar con reporteros, el embajador argentino Juan José Arcuri refutó las objeciones de Caracas y dijo que la convocatoria a la sesión tuvo fundamento legal sólido al haber sido solicitada por 20 países incluyendo a Argentina, cuya canciller Susana Malcorra asistió en representación de los países del Mercosur.
La resolución ha sido el pronunciamiento más duro que la OEA haya emitido sobre la crisis venezolana hasta el momento.
